Ayudas a salas de cine en Canarias: 265.625 euros, límite del 80 % y requisitos de justificación

Quién puede solicitar la ayuda

Las bases se dirigen a personas físicas o jurídicas titulares o gestoras de salas o complejos cinematográficos situados en Canarias. Exigen autorización de apertura y licencia en vigor, inscripción en el registro correspondiente y programación continua y estable durante al menos los doce meses anteriores a la publicación.

La delimitación de los beneficiarios requiere especial atención en salas de titularidad pública o gestionadas mediante fórmulas mixtas. La base 6.3 excluye expresamente a las entidades del sector público, incluidas sociedades y fundaciones públicas y entidades dependientes o participadas mayoritariamente por Administraciones. La condición de gestor debe comprobarse junto con su naturaleza jurídica.

Solo se admite una solicitud por sala o complejo, presentada por titular o gestor; si se duplican, se toma en consideración la primera. Coordinar la presentación evita solicitudes incompatibles sobre la misma instalación.

Cómo se calcula el importe: tres límites simultáneos

La fórmula parte de una cuantía fija de 8.000 euros por beneficiario y distribuye el crédito restante, cuando lo haya, en función del número de pantallas. El resultado queda sometido al máximo general de 35.000 euros y a los restantes límites de las bases.

Además, la subvención no puede superar el 80 % del presupuesto de gastos sin IGIC. El 20 % restante debe financiarse con fondos propios u otras aportaciones admitidas. Por ejemplo, un presupuesto elegible de 20.000 euros limita la ayuda a 16.000 euros, aunque la fórmula de reparto arrojase una cantidad superior. Este ejemplo es ilustrativo y no anticipa el resultado de una concesión.

En consecuencia, los 8.000 euros no deben presentarse como un pago incondicionado. También deben verificarse el gasto elegible y el resto de requisitos. La suma de ayudas, ingresos y recursos destinados a la misma finalidad no puede superar el coste de la actividad.

Urgencia sin reducción del plazo de solicitud

La Orden fija quince días hábiles desde el día siguiente a su publicación para presentar electrónicamente la solicitud. Aclara expresamente que la urgencia no reduce ese plazo, de acuerdo con el artículo 33.1 de la Ley 39/2015. El plazo máximo de resolución y notificación es de tres meses y se prevé silencio desestimatorio.

La rapidez del procedimiento aconseja preparar desde el inicio memoria, presupuesto, acreditaciones y relación de otras ayudas. La ausencia de concurrencia competitiva no elimina el control de requisitos ni convierte la petición en un derecho automático al importe solicitado.

Justificación y acreditación del gasto

Las bases exigen documentar la actividad y el empleo de los fondos, mantener un registro contable diferenciado y conservar los justificantes. La imputación de un gasto debe permitir relacionarlo con la explotación subvencionada; una factura genérica o un reparto no explicado entre actividades puede dificultar la comprobación.

También deben comunicarse otras fuentes de financiación y cumplirse las obligaciones de difusión. Para subvenciones superiores a 30.000 euros, determinados solicitantes con ánimo de lucro han de acreditar el cumplimiento de los plazos de pago comerciales en los términos de las bases y del artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones.

Nuestra valoración: comprobar elegibilidad antes de calcular ingresos

La utilidad de esta convocatoria depende de una revisión previa de la entidad solicitante, la sala, la actividad y el presupuesto. Conviene calcular un escenario prudente de financiación y preparar la justificación junto con la solicitud. La fórmula de reparto determina una cantidad dentro de varios límites; no sustituye la acreditación de los requisitos ni la correcta ejecución.