Resoluciones administrativas y sentencias contencioso-administrativas seleccionadas por su utilidad práctica, con prioridad absoluta para Canarias.
Observatorio canario de licitaciones
Doctrina y jurisprudencia canaria, explicadas para decidir.
Selección actualizada
Resoluciones clave, criterio jurídico y efecto práctico para Administraciones y empresas.
TACP Canarias
Canarias · doctrina administrativa
No caben subsanaciones sucesivas para acreditar estar al corriente con Hacienda
El TACP Canarias anula una adjudicación porque, agotado el trámite de subsanación sin aportar el certificado tributario positivo, la Mesa concedió una nueva oportunidad que el PCAP y el artículo 150.2 LCSP no permitían.
El análisis identifica el órgano, la resolución, los hechos esenciales, la cuestión controvertida, el criterio adoptado y sus consecuencias prácticas. Todas las fichas enlazan al texto íntegro oficial.
El TACP Canarias anula una adjudicación porque, agotado el trámite de subsanación sin aportar el certificado tributario positivo, la Mesa concedió una nueva oportunidad que el PCAP y el artículo 150.2 LCSP no permitían.
El TACP Canarias confirma la exclusión de una UTE de la plataforma de inteligencia turística de Tenerife: comunicar una dificultad y remitir documentos por correo no equivale a presentarlos por el cauce exigido.
El TACP Canarias confirma la exclusión de una UTE en la licitación de recogida de residuos de Las Palmas de Gran Canaria por no presentar muestras de todos los contenedores asociados a las fracciones ofertadas.
El TACP Canarias anula la adjudicación del proyecto de 200 viviendas protegidas en Arrecife porque no quedó motivada la similitud de la experiencia técnica ni acreditada la disponibilidad efectiva del equipo adscrito.
El TACP Canarias anula la exclusión de una licitadora porque el PCAP utilizaba varios criterios de adjudicación, pero no fijaba los parámetros objetivos exigidos para identificar ofertas anormalmente bajas.
El TACP Canarias anula los pliegos del suministro de fungibles y equipos de hemodiálisis del Hospital Dr. Negrín porque la no división en lotes se apoyaba en razones genéricas de coordinación, continuidad y seguridad.
El TACP Canarias ordena retrotraer la adjudicación de la oficina turística del Cabildo de La Palma para permitir que una licitadora subsane los certificados de funciones omitidos respecto de la experiencia de su equipo.
El Tribunal Supremo fija que, en ayudas para formación profesional ocupacional, solo son estrictamente necesarias las retribuciones mínimas legales o convencionales; el exceso voluntario debe financiarse con fondos propios.
El Tribunal Supremo anula íntegramente el Real Decreto 905/2025 porque su tramitación urgente no se apoyó en circunstancias extraordinarias e imprevisibles y se omitió indebidamente la consulta pública previa.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias confirma una adjudicación al considerar suficientemente justificada una oferta anormalmente baja y válida una visita previa realizada para una licitación idéntica.
El Tribunal canario anula la exclusión en un contrato de suministro de combustible: al presentar la oferta bastaba el compromiso de adscribir la estación de servicio y, además, se había tratado de modo desigual a los dos licitadores.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias confirma la exclusión de una futura UTE que presentó documentos firmados pero vacíos: la subsanación no puede crear tras el plazo una declaración de voluntad que nunca se incorporó a la oferta.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias confirma la exclusión de una consultora que incluyó en el archivo técnico referencias reiteradas a certificaciones ambientales reservadas al archivo de criterios automáticos.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra anula una adjudicación porque la notificación no explicó cómo se valoraron las ofertas ni trasladó los informes técnicos.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias anula la adjudicación principal de un acuerdo marco en Lanzarote por el riesgo objetivo para la imparcialidad derivado de la posición institucional del representante de la empresa adjudicataria.
El Tribunal Supremo confirma que los indicios sólidos de exclusión reiterada de un medio desplazan a la Administración la carga de ofrecer una explicación objetiva y no discriminatoria sobre el reparto de la publicidad institucional.
El Tribunal Supremo confirma la anulación de un encargo a TRAGSA porque la Administración no acreditó para esa actuación concreta que fuese más eficiente que contratar ni que concurrieran razones de seguridad o urgencia.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho del contratista a ser indemnizado por una continuación forzosa no prevista en el contrato ni en la legislación aplicable, y ordena calcularla conforme al precio real del servicio prestado.
El Tribunal Supremo distingue la habilitación profesional de la solvencia acumulable y exige que todos los miembros de la UTE dispongan de la autorización completa cuando el pliego la configura para la prestación única del contrato.
El Tribunal Supremo valida el encargo de un servicio de atención domiciliaria a una sociedad íntegramente pública y declara que un 0,52 % de capital no excluye el control análogo cuando la influencia conjunta sobre objetivos y decisiones es real.
El Tribunal Supremo declara que, si un modificado no queda amparado por una causa del artículo 72.1 de la Directiva 2014/24, todas las alteraciones sucesivas deben sumarse para comprobar el límite de minimis del 15 %.
La Sentencia 39/2026 aplica la condición legal de prestación intelectual a un servicio de ingeniería para el puerto de Playa Santiago y anula los criterios que reservaban solo el 45 % a la calidad.