Cambios jurídicos que exigen una decisión práctica.
Seguimiento razonado de normas, resoluciones y actuaciones públicas con incidencia en Administraciones, empresas y operadores.
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Selección editorial elaborada a partir de fuentes oficiales. Cada análisis identifica el cambio, sus límites y las consecuencias que conviene anticipar.
La Resolución 314/2026 deja sin efecto la exclusión de una oferta porque el PCAP, pese a emplear varios criterios de adjudicación, no fijaba los parámetros objetivos exigidos para identificar ofertas anormalmente bajas.
La Sentencia 1092/2026 anula íntegramente el Real Decreto 905/2025 porque la tramitación urgente no se justificó con circunstancias extraordinarias y se omitió indebidamente la consulta pública previa.
La convocatoria financia proyectos empresariales en tecnologías digitales, limpias, eficientes en recursos y biotecnología, con cargo al FEDER Canarias 2021-2027 y un plazo de solicitud de quince días hábiles.
La convocatoria PFAE-Garantía Juvenil financia proyectos de once meses para quince participantes, reserva al menos uno para cada isla y permite anticipar el 100 % de la subvención.
La Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín convoca un procedimiento abierto para autorizar la ocupación de espacio público destinado a restauración móvil, con un plazo inicial de dos años.
El Pleno desestima el recurso del Gobierno vasco contra la Ley 12/2023 y precisa que determinadas definiciones e índices estatales no desplazan las competencias autonómicas.
El TJUE confirma que una empresa en administración extraordinaria constituye una empresa en crisis aunque el procedimiento persiga conservar y relanzar su actividad.
El Tribunal catalán distingue entre el procedimiento contradictorio obligatorio para ofertas anormales y la petición excepcional de aclaraciones ante dudas sobre los costes laborales.
Las nuevas directrices convierten la planificación contractual en un proceso documentado, público y sometido a seguimiento para todo el sector público autonómico.
El Estado regula el acceso a jubilación, incapacidad permanente y prestaciones por muerte y supervivencia mediante el cómputo de periodos religiosos anteriores a la integración en la Seguridad Social.
Un nuevo decreto establece quién puede ejercer como facilitador, cómo se designa y qué apoyos deberá prestar durante los procedimientos judiciales y fiscales.
La Comisión cierra la investigación iniciada en agosto de 2025 e impone medidas comerciales definitivas, recaudando además los derechos provisionales ya garantizados.