El Gobierno de Canarias ha aprobado el Reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia de Calidad Turística mediante el Decreto 165/2026, de 26 de octubre, publicado en el BOC de 3 de noviembre y vigente desde el día siguiente. La norma actualiza un órgano colegiado cuya última reunión se celebró en 2011 y adapta su actividad a los sistemas actuales de certificación, la sostenibilidad, la digitalización y la economía circular.
Un órgano de coordinación y propuesta
La Agencia impulsa la cualificación y mejora de la gestión turística, apoya sistemas de autorregulación y certificación y promueve mecanismos de autoevaluación. También puede asesorar a empresas sobre sistemas de calidad y apoyar la participación de organizaciones empresariales canarias en organismos de normalización.
Entre sus nuevas funciones figuran elaborar informes sobre legislación turística en tramitación, proponer adaptaciones normativas, inventariar actuaciones públicas de calidad y formular planes coordinados con cabildos y ayuntamientos.
Pleno, comisiones y laboratorios de innovación
El Pleno reúne a responsables autonómicos y a cinco representantes de entidades gestoras de sistemas de calidad y cinco de asociaciones empresariales de subsectores turísticos. Puede crear comisiones sectoriales o especializadas con personal técnico externo.
Las comisiones podrán transformarse en laboratorios de innovación para analizar y ensayar proyectos piloto sobre calidad, sostenibilidad, digitalización, economía circular y reducción de efectos del cambio climático. Sus conclusiones se elevan al Pleno, que conserva la decisión final.
Efectos prácticos para empresas y Administraciones
Las asociaciones y empresas turísticas disponen de un cauce institucional para trasladar propuestas sobre certificación, estándares y cargas regulatorias. El sistema de indicadores y el informe-memoria anual permitirán comprobar si las iniciativas se traducen en resultados medibles.
Para las Administraciones insulares y locales, el catálogo de actuaciones y las propuestas coordinadas pueden reducir duplicidades y alinear programas de calidad. El reglamento fija una reunión ordinaria mínima cada seis meses y admite funcionamiento presencial o a distancia.
Este contenido tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis jurídico del expediente concreto.