El BOC de 6 de noviembre publica la resolución de la Dirección General de Energía relativa a la línea aérea-subterránea Santa Águeda–El Tablero 2, de 66 kV y simple circuito, promovida por Red Eléctrica de España en San Bartolomé de Tirajana. El expediente AT23/015 incorpora autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública. Su interés jurídico radica en diferenciar la habilitación energética de los efectos sobre bienes y derechos, y en preservar las garantías de quienes soportan las afecciones.
Dos decisiones con efectos jurídicos diferentes
La autorización administrativa se refiere al proyecto eléctrico tramitado. La declaración de utilidad pública permite desplegar las potestades expropiatorias y establecer las servidumbres necesarias conforme a la Ley 24/2013 y al Real Decreto 1955/2000. Confundir ambos planos dificulta identificar qué se discute y qué documentación debe aportarse en cada fase.
El fundamento jurídico XVIII recuerda que esa declaración incorpora la necesidad de ocupación y la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Ello no determina que todos los terrenos cambien íntegramente de titularidad: es necesario comprobar si cada afección consiste en adquisición, servidumbre, acceso u ocupación temporal.
Qué deben comprobar los titulares de bienes y derechos
La resolución examina alegaciones y acepta determinadas rectificaciones de titularidad y datos de las fincas. El anexo oficial resulta esencial para contrastar identificación, superficies y naturaleza de las afecciones. Una revisión documental temprana permite separar los errores materiales de las discrepancias sobre el alcance efectivo del sacrificio impuesto.
Desde nuestra valoración, el propietario debería reunir títulos, planos y elementos que acrediten los usos y daños relevantes. La discusión sobre la legalidad de la autorización y la valoración económica de una afección cumplen funciones distintas. La resolución deja a salvo las indemnizaciones y los eventuales acuerdos de adquisición por mutuo acuerdo en el procedimiento expropiatorio.
El condicionado ambiental conserva eficacia
El expediente cuenta con un informe de impacto ambiental que descarta la necesidad de evaluación ordinaria condicionado al cumplimiento íntegro de las medidas previstas. La resolución recoge la exigencia de un programa definitivo de vigilancia ambiental previo a las obras, con indicadores, responsables, controles y criterios de cumplimiento.
En términos prácticos, el carácter favorable del informe no convierte las medidas ambientales en recomendaciones. El seguimiento de la ejecución debe comprobar que las actuaciones se ajustan al proyecto y a sus condiciones. La documentación de incidencias sobre el terreno puede ser relevante tanto para exigir correcciones como para acreditar perjuicios.
Cambios de trazado, coordinación y defensa administrativa
La resolución distingue expresamente una propuesta de adecuación puntual del trazado de una modificación autorizada. Que el promotor admita estudiar una alternativa o coordinarse con un titular no supone que pueda ejecutarla sin cumplir el régimen de modificaciones del Decreto 141/2009.
A nuestro juicio, la actuación jurídica debe partir del acto notificado, de la posición de cada interesado y de la concreta afección. Antes de formular un recurso o negociar una indemnización conviene obtener el expediente, revisar el anexo y ordenar la prueba técnica. El calendario de impugnación debe fijarse a partir de la notificación o publicación eficaz que proceda, sin asumir una fecha universal para todos los afectados.
Para Administraciones y empresas, este expediente muestra la utilidad de mantener una trazabilidad clara entre proyecto, alegaciones, respuesta motivada, relación de bienes y ejecución material. La finalidad pública de una infraestructura debe convivir con la exactitud de los datos y la protección efectiva de los derechos afectados.
Este contenido tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis jurídico del expediente concreto.