El Servicio Canario de Empleo ha aprobado, mediante Resolución de 16 de octubre publicada en el BOC de 29 de octubre, la convocatoria 2026 de Programas de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil. El crédito asciende a 7.105.730,75 euros, con cofinanciación del 85 % del Fondo Social Europeo Plus. El procedimiento se tramita por urgencia y combina cualificación y trabajo efectivo para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.

Entidades beneficiarias y contenido mínimo

Pueden concurrir organismos públicos, corporaciones locales canarias y determinadas entidades dependientes, las universidades públicas, consorcios, corporaciones de derecho público y asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro con fines de formación y empleo. Deben cumplir las condiciones de acreditación formativa.

Cada proyecto incorpora a quince jóvenes durante once meses. Al menos el 65 % de la jornada es trabajo efectivo y un mínimo del 35 % formación. La subvención máxima es de 395.105,41 euros y se garantiza primero una actuación por cada una de las siete islas.

Procedimiento urgente y financiación anticipada

La urgencia reduce a la mitad los plazos ordinarios, salvo los de solicitudes y recursos. Las entidades disponen de diez días desde el día siguiente a la publicación del extracto y deben usar el procedimiento electrónico 6863 con la documentación técnica y administrativa.

Se permite el abono anticipado del 100 % y la dispensa de garantía a las entidades que reúnan los requisitos. Se mantienen el seguimiento, la acreditación de gastos y la conservación documental durante cinco años, además de las obligaciones de comunicación FSE+.

Consecuencias prácticas para entidades locales y sociales

Cabildos, ayuntamientos y entidades sociales deben comprobar de inmediato acreditación, espacios, docentes y tareas reales suficientes. La garantía de un proyecto por isla mejora la posición de las no capitalinas, pero no elimina la competencia dentro de cada territorio.

La memoria debe vincular la especialidad con necesidades laborales verificables y describir las obras o servicios de los participantes. Un presupuesto correcto y un sistema interno de evidencias son decisivos para evitar minoraciones o reintegros.

Este contenido tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis jurídico del expediente concreto.