La Resolución del Servicio Canario de Empleo de 21 de octubre de 2026, publicada el 4 de noviembre, aprueba las bases y la convocatoria de ayudas para la gestión integral de ferias de empleo. Dispone de 200.000 euros y se dirige a ayuntamientos, mancomunidades y cabildos canarios. Su aplicación exige coordinar la solicitud de subvención con la organización del evento, la contratación de prestaciones y la posterior justificación.

Una feria orientada a la intermediación laboral

La convocatoria financia proyectos que conecten empresas y personas demandantes de empleo. Las actuaciones pueden comprender asesoramiento, intermediación, organización, difusión, infraestructura y servicios necesarios. Las bases incluyen participación de recursos humanos, charlas sobre perfiles demandados y procesos de selección.

Cada entidad puede presentar una única solicitud para un proyecto, con ayuda máxima de 15.000 euros. La financiación de hasta el 100 % no garantiza la concesión: existe un procedimiento competitivo, crédito limitado y evaluación conforme a las bases. La memoria debe explicar de forma concreta cómo la actividad facilita oportunidades de empleo.

Calendario de solicitud y ejecución

El extracto se publicó el 4 de noviembre. El plazo es de quince días hábiles desde el día siguiente y la presentación se realiza por la sede electrónica, procedimiento 10909. Conviene verificar el calendario aplicable en la sede, acreditar la representación y guardar el justificante completo del registro.

Con carácter general son subvencionables las actividades realizadas entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2026. Cuando se conceda abono anticipado, las bases permiten actuaciones hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente. Esa extensión depende del supuesto regulado y no debe trasladarse indiscriminadamente a cualquier proyecto.

Contratación pública y límite del 50 %

La base séptima permite subcontratar la ejecución de la actividad hasta el 50 % de su importe. Al mismo tiempo, distingue la subcontratación de la actividad de la contratación de gastos necesarios para que la entidad ejecute por sí misma el proyecto, siguiendo el artículo 29.1 de la Ley General de Subvenciones.

La calificación depende del contenido real de la prestación. Una organización integral encomendada a un tercero no debe describirse artificialmente como una suma de gastos instrumentales para eludir el límite. Por el contrario, tampoco procede considerar automáticamente subcontratación de la actividad toda adquisición necesaria para una feria ejecutada por la entidad.

La resolución exige respetar además la Ley de Contratos del Sector Público. Desde nuestra perspectiva, el máximo de 15.000 euros de subvención no determina por sí solo el procedimiento de contratación: deben examinarse el objeto, el valor estimado, la unidad funcional y las reglas aplicables. El expediente de ayuda y el de contratación han de ser coherentes.

Gratuidad, gastos y evidencias de ejecución

La feria debe ser gratuita en los términos de la base sexta. Los gastos han de responder a la actividad, resultar necesarios y proporcionales, estar registrados y poder comprobarse. El coste de adquisición no puede superar el valor de mercado.

Para evitar incidencias en la justificación, proponemos vincular cada partida presupuestaria a una prestación y una evidencia: contratos, facturas, pagos, programa, participación empresarial y resultados de intermediación. Las modificaciones relevantes y las otras ayudas deben comunicarse conforme a las bases; una memoria final no puede suplir documentación inexistente.

Consecuencia práctica para las entidades locales

Una solicitud sólida combina una memoria orientada al empleo con un presupuesto defendible y un sistema de seguimiento. La entidad debe prever quién gestiona las notificaciones, cómo atiende requerimientos y qué unidad conservará los justificantes. Preparar estas decisiones antes de presentar el proyecto reduce el riesgo de perder financiación por incumplimientos de ejecución o documentación.

Este contenido tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis jurídico del expediente concreto.