El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su Resolución 330/2026, de 4 de noviembre, desestima el recurso de Serin Global Canarias, S.L. contra la adjudicación a Andanza Emplea, S.L. del servicio de control de acceso de un edificio de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA). El contrato, reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, tenía un valor estimado de 192.319,97 euros sin IGIC. La controversia se centró en si la adjudicataria carecía de habilitación porque su inscripción administrativa mencionaba la gestión de archivos, almacén y correspondencia, y no el control de accesos.
El alcance real de la inscripción como CEEIS
La recurrente sostuvo que la adjudicataria no estaba habilitada para prestar control de accesos porque la resolución de calificación e inscripción del Servicio Canario de Empleo reflejaba como actividad la gestión integral de archivos, almacén y correspondencia. El órgano de contratación comprobó, sin embargo, que la empresa estaba inscrita como CEEIS y que su objeto social incluía expresamente portería, recepción, conserjería y controles de acceso.
El PCAP exigía acreditar la condición de centro especial de empleo y, para participar en la reserva de la disposición adicional cuarta de la LCSP, la condición de iniciativa social. No establecía que cada prestación contractual tuviera que figurar nominativamente en el asiento registral.
La habilitación legal no puede ampliarse por el pliego
El Tribunal distingue capacidad de obrar, solvencia y habilitación empresarial. La inscripción oficial que una norma exige para desarrollar una actividad constituye una habilitación indisponible: el pliego no puede crearla, ampliar sus requisitos ni vincularla a extremos que la regulación sectorial no contempla.
La normativa vigente no impone que la condición de CEEIS sea reconocida para una actividad concreta. Por ello, la referencia informativa incluida en la calificación administrativa no limita por sí sola el ámbito de actuación del centro ni permite excluirlo cuando la prestación está comprendida en su objeto social y conserva la capacidad exigida por el artículo 66.1 LCSP.
Consecuencias prácticas para órganos de contratación y licitadores
Antes de exigir una autorización o registro específico conviene identificar la norma que lo configura y su alcance exacto. Convertir una anotación descriptiva en requisito de participación altera las reglas de la licitación y puede restringir indebidamente la concurrencia, también en contratos reservados.
Los CEEIS deben acreditar de forma separada su calificación e iniciativa social, su capacidad de obrar y la cobertura de la prestación por su objeto social. Si el pliego pretende una acreditación adicional, esta debe tener respaldo normativo y figurar con precisión desde el inicio del procedimiento.
Este contenido tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis jurídico del expediente concreto.