El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Séptima, en su Sentencia de 15 de octubre de 2026, asunto C-402/25, Plungės rajono savivaldybės administracija, ECLI:EU:C:2026:870, interpreta los artículos 18.1 y 57.4.h), 6 y 7 de la Directiva 2014/24 y el artículo 1 de la Directiva 89/665. El litigio nació de un contrato de obras de 7.453.375 euros sin IVA para un complejo deportivo y sanitario en Lituania: el adjudicatario aportó por negligencia grave información falsa sobre dos requisitos de capacidad y esa falsedad fue declarada por sentencia firme después de concluida la licitación.
Una declaración judicial posterior puede activar la consecuencia
El poder adjudicador lituano adjudicó y formalizó el contrato con VA Statyba. A instancia del segundo clasificado, los tribunales declararon que la adjudicataria había inducido a error por negligencia grave al acreditar su capacidad. La adjudicación se anuló, pero el contrato se mantuvo y no hubo una decisión administrativa de exclusión durante la licitación.
Después, la autoridad nacional de contratación ordenó incluir a la empresa en la lista de proveedores que habían presentado información falsa. El TJUE declara irrelevante que el operador no hubiese sido excluido antes: el artículo 57 no impide que un órgano judicial aprecie la conducta una vez terminado el procedimiento ni que esa constatación firme produzca efectos en licitaciones posteriores.
Tres garantías que limitan la publicación
La medida no puede funcionar como una prohibición automática e indefinida. Su duración debe guardar proporción con la gravedad de la conducta y, cuando no la haya fijado una sentencia firme, no puede superar el máximo de tres años del artículo 57.7 de la Directiva 2014/24.
El operador debe poder demostrar su fiabilidad mediante medidas correctoras del artículo 57.6 —reparación, cooperación y cambios técnicos u organizativos adecuados— y obtener así acceso a una licitación posterior. Además, al menos la orden de publicar o la decisión de publicación debe poder ser impugnada judicialmente de forma efectiva.
Lectura práctica para la contratación pública canaria
Los órganos de contratación no deberían tratar cualquier error documental como falsedad grave. Deben motivar culpabilidad, relevancia, circunstancias y proporcionalidad, diferenciando la irregularidad menor de la información capaz de comprometer la confianza en el licitador.
Para las empresas, una declaración judicial o administrativa sobre información falsa puede proyectarse sobre futuros procedimientos, pero no elimina el derecho a acreditar medidas de self-cleaning. Conviene documentar de inmediato la corrección de controles internos, la colaboración con la Administración y las medidas que eviten la repetición.
Este contenido tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis jurídico del expediente concreto.