Créditos públicos y defensa contenciosa
Asesoramiento a Administraciones, contratistas y cesionarios sobre derechos de cobro, incidencias de pago y defensa contencioso-administrativa. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con actuación en Canarias y toda España.
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La cesión de una factura o de una certificación puede reunir en un mismo expediente al contratista, al cesionario y a la Administración pagadora. Su análisis exige relacionar el acuerdo de cesión con el contrato público, las comunicaciones recibidas, la prestación ejecutada y el estado del procedimiento de pago. Ordenar esos antecedentes permite identificar el riesgo de reclamaciones concurrentes y fundamentar la actuación que corresponda.
Fernando Oliver Rubio cuenta con experiencia directa en la defensa de una entidad pública ante reclamaciones concurrentes de un contratista y de un tercero que invocaba la adquisición del crédito. Su intervención ha comprendido el estudio de la titularidad y exigibilidad de certificaciones, las objeciones sobre la ejecución contractual, la oposición a medidas cautelares y la preparación de prueba documental y testifical. Esa práctica conecta el asesoramiento administrativo con la estrategia procesal.
Ámbito del servicio
El alcance se define en función del expediente, la fase contractual y la posición jurídica del cliente.
Examinamos el acuerdo, la identificación del crédito, la representación de quienes intervienen y las comunicaciones dirigidas a la Administración. Reconstruimos las fechas relevantes, las cesiones sucesivas y la correspondencia entre los documentos aportados y las cantidades reclamadas.
Contrastamos lo facturado con el contrato, la ejecución acreditada, las conformidades y los reparos técnicos. Revisamos la intervención de los órganos responsables y, cuando participan varias entidades públicas, la distribución de las obligaciones de financiación y pago.
Estudiamos incidencias salariales, deudas con la Seguridad Social, embargos, compensaciones y otras actuaciones que puedan afectar al pago. Identificamos su fundamento, alcance y relación temporal con las cesiones, para valorar alternativas sin perder de vista los derechos de los interesados.
Analizamos la documentación de la unión temporal, la representación, la facturación y los derechos de cobro. Distinguimos las obligaciones de la UTE de las atribuidas a sus integrantes y examinamos cómo incide esa distribución en la decisión administrativa.
Relacionamos la reclamación económica con los procedimientos que afectan al contrato. Estudiamos el estado de las actuaciones, la prestación recibida y los conceptos que deben examinarse al determinar el saldo, con atención a la motivación de las decisiones.
Preparamos reclamaciones, alegaciones, demandas y contestaciones, según la posición del cliente. La asistencia comprende medidas cautelares, preparación de la prueba y coordinación de procedimientos conexos cuando varias pretensiones afectan al mismo crédito.
Método de trabajo
Reconstruimos el contrato, las prestaciones, las facturas y la secuencia de comunicaciones. Delimitamos las cuestiones discutidas y los plazos que requieren una actuación inmediata.
Situamos a cada interviniente y contrastamos la documentación que sustenta su posición. Separamos las cuestiones sobre titularidad de las relativas a existencia, cuantía y exigibilidad.
Entregamos conclusiones, alternativas y recomendaciones vinculadas al expediente. El encargo puede incluir borradores de requerimientos, comunicaciones y propuestas de resolución para su tramitación por el órgano competente.
Coordinamos las actuaciones administrativas con las reclamaciones judiciales y la prueba disponible. El seguimiento permite responder a nuevos documentos, incidentes o decisiones que afecten al crédito.
Preguntas frecuentes
La notificación fehaciente es esencial para la eficacia frente a la Administración. Además debe examinarse el crédito: el artículo 200 de la LCSP permite oponer al cesionario las excepciones causales derivadas de la relación contractual.
Hay que determinar quién adeuda las cantidades, qué medida se pretende adoptar, su fundamento y cuándo se comunicó la cesión. El informe debe valorar conjuntamente esos elementos y la posición del cesionario antes de proponer una retención o aplicación de fondos.
Sí. Revisamos la situación procesal, los escritos, la prueba y los plazos para definir el alcance de la defensa. También estudiamos la conexión entre litigios cuando existen reclamaciones de distintos sujetos sobre un mismo derecho de cobro.
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