La Resolución 323/2026 combina contratación electrónica, solvencia de las UTE y proporcionalidad. Una incidencia técnica puede justificar la ampliación del plazo cuando realmente impide el funcionamiento de la plataforma y queda acreditada; una dificultad individual sin respaldo en los registros oficiales no permite alterar las reglas comunes de presentación.
Hechos esenciales y cuestión controvertida
DST Factory, S.L.U. y DS Tech, S.R.L. concurrieron en compromiso de UTE al contrato de SPET Turismo de Tenerife. Tras una primera subsanación, DST declaró no disponer de servicios propios y pretendió acumular la experiencia aportada por la otra integrante. La Mesa pidió aclaraciones adicionales, con cinco días naturales y advertencia de exclusión.
La respuesta no se presentó en la Plataforma de Contratación dentro del plazo. La empresa alegó dificultades técnicas, aportó una captura y remitió documentación por correo electrónico. El recurso planteó si esa actuación permitía tener por atendido el requerimiento y si la exclusión resultaba desproporcionada tratándose de requisitos de aptitud preexistentes.
Criterio jurídico adoptado
El Tribunal comprueba los registros técnicos de la PLACSP y concluye que no acreditan una incidencia general o impeditiva. La legislación permite ampliar plazos no vencidos cuando una avería imposibilita el funcionamiento ordinario del sistema, pero exige identificar y publicar la incidencia y la ampliación concreta; una dificultad individual no produce automáticamente ese efecto.
Que la solvencia existiera antes del vencimiento permitía, en términos materiales, una aclaración, pero no dispensaba de respetar plazo y canal. Admitir un correo electrónico sin causa excepcional habría otorgado un trato diferente frente a los demás participantes. La exclusión identificó la falta cometida y la empresa pudo combatirla, por lo que tampoco existió indefensión material.
Fallo y consecuencias prácticas
La Resolución desestima el recurso y confirma la exclusión del procedimiento. No aprecia mala fe o temeridad y no impone sanción. El pronunciamiento es definitivo en vía administrativa y susceptible de recurso ante el TSJ de Canarias.
Las empresas deben abrir y contestar los requerimientos desde la propia plataforma y conservar justificantes de cada intento. Si existe un fallo, conviene comunicarlo antes del vencimiento y obtener evidencia técnica oficial. Los órganos de contratación, a su vez, deben examinar con diligencia las incidencias comunicadas, aunque una mera captura no sustituye los registros del sistema.
Este contenido tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis jurídico del expediente concreto.