La Sentencia 115/2026 conecta modificaciones contractuales y correcciones de fondos europeos. Fraccionar las alteraciones o separar las previstas de una modificación no justificada no permite eludir el cálculo acumulado cuando se pretende amparar la operación en el umbral cuantitativo del artículo 72.2 de la Directiva.
Hechos esenciales y cuestión controvertida
El litigio nació de las obras de un edificio de investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, financiadas parcialmente con fondos FEDER. El contrato, adjudicado por 5.455.323,97 euros, acumuló tres modificaciones: dos previstas en el pliego por un 9,6 % y una tercera no prevista por un 4,8 %. El conjunto alcanzó el 15,07 % del valor inicial.
La Administración aplicó una corrección financiera al apreciar la irregularidad relativa a modificaciones contrarias a las directivas. La cuestión casacional era si debían sumarse todas las alteraciones para el límite del 15 % del artículo 72.2 o si las dos previstas podían separarse, computando de forma aislada la modificación no prevista.
Criterio jurídico adoptado
El Supremo distingue las modificaciones amparadas por alguna causa del artículo 72.1, que exigen acreditar sus condiciones propias, de las autorizadas únicamente por su reducida cuantía conforme al apartado 2. Este segundo cauce es una excepción de minimis y ordena calcular el valor neto acumulado de las modificaciones sucesivas.
La tercera modificación no podía justificarse en casación por circunstancias imprevisibles porque esa causa no se invocó ni acreditó en la vía administrativa o en la instancia. Al existir una alteración sin cobertura en el apartado 1 y superar el conjunto el 15 %, no cabía utilizar el umbral cuantitativo para conservarla sin un nuevo procedimiento de contratación.
Fallo y consecuencias prácticas
La Sala desestima el recurso de casación y confirma la sentencia que consideró ajustada a Derecho la corrección financiera. La doctrina obliga a valorar conjuntamente los modificados sucesivos cuando su legalidad se apoya en el artículo 72.2 de la Directiva y alguno de ellos carece de una causa autónoma debidamente acreditada.
Antes de aprobar cada modificación, los órganos de contratación deben identificar su fundamento, documentar sus requisitos y mantener un cuadro acumulado de porcentajes. En proyectos cofinanciados, superar el umbral sin cobertura material puede generar reducciones de ayuda. La utilidad práctica para Canarias es directa en obras financiadas con fondos europeos y contratos sujetos a los artículos 203 a 205 LCSP.
Este contenido tiene finalidad informativa y no sustituye el análisis jurídico del expediente concreto.